La derecha pretende barrer de un plumazo 34 años de
ayuntamientos democráticos
Sin Democracia: la propuesta del PP elimina la capacidad de
decisión democrática en los ayuntamientos que se convierten en “prisioneros”
del déficit y de una “eficacia fantasma”.
Sin Servicios Públicos: el PP pretende recentralizar servicios
públicos esenciales para hacer más fácil su privatización.
El anteproyecto implicaría el despido de 40.000 empleados
públicos en Andalucía y 250.000 en toda España
La derecha usa, otra vez, el señuelo del ahorro para justificar
una reforma que es la demolición final del modelo local, de la base de la
democracia. El problema de este país no es el sueldo de los concejales, son los
sobresueldos del PP.
Si hay que abordar una reforma de la Administración Local ,
habrá que hacerlo desde la igualdad, con consenso y con el firme convencimiento
de mantener los servicios públicos esenciales en los municipios, que son la
vanguardia en la protección de la calidad de vida de la ciudadanía.
El PSOE de Andalucía defiende el municipalismo como el mejor
instrumento de la igualdad de oportunidades y reclama una reforma integral
seria, fruto del consenso político
La derecha ataca a la democracia. La autonomía local es un referente avalado por la Constitución y por la Carta Europea como
garantía de democracia, de cohesión social y de la vertebración de un país. La
propuesta del PP lanza un claro mensaje: la calidad democrática y las
instituciones representativas no son merecedoras de su respeto. Con esta
reforma, la derecha…
o Vulnera los
artículos 140 y 128 de la
Constitución que hacen referencia a la autonomía municipal y
a la capacidad de los ayuntamientos para dar respuesta a las necesidades de los
ciudadanos y las ciudadanas.
o Centraliza en las
diputaciones los servicios municipales básicos y adelgaza las competencias de
los municipios menores de 20.000 habitantes (690 en la Comunidad ). Abre así la
puerta a la privatización de servicios.
o Pone en entredicho
la existencia de 3.725 Entidades Locales Menores (ELA) En Andalucía hay 48 ELAS
en las que residen unos 100.000 habitantes.
o En definitiva,
empobrece la calidad de vida de la ciudadanía y la hace retroceder varias
décadas en derechos. Hace tambalear el presente del Estado del Bienestar y
condena su futuro.
La privatización, de fondo. El traspaso de competencias de los ayuntamientos a las diputaciones
esconde la intención de Rajoy de centralizar y concentrar el poder con el
objetivo final de abrir la veda a la privatización de servicios municipales básicos,
de hacer caja con el bienestar de la ciudadanía.
o Los Presupuestos
Generales del Estado, además, han reducido en un 50% la financiación de
los ayuntamientos para servicios sociales, pasando de unos 50
millones a 30 millones. Estas ayudas se destinan a los colectivos sociales más
desfavorecidos con lo que los recortes son brutales contra estos colectivos que
están en la pobreza.
En vez de solucionar el verdadero
problema de los municipios, la financiación local, el PP da un paso de gigante
hacia la privatización de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos.
Ciudadanos y ciudadanas de primera y
de segunda. El PP abre una brecha entre ciudadanos que
residen en pueblos y en ciudades. Habrá ciudadanos de primera y segunda,
dependiendo donde residan. Es un ataque frontal al mundo rural, a los pequeños
y medianos municipios.
o La derecha pretende
reducir el número de concejalas y concejalas en un 30%, un grave ataque que
pone en peligro la representatividad democrática y desvirtúa la voz del pueblo.
o Esto, sumado a la
brecha en la oferta de servicios públicos esenciales que abrirá entre el medio
rural y urbano, atenta contra el principio de igualdad de oportunidades y
volverá a hacer de la despoblación rural un problema de primera magnitud.
EL PP LOS SEÑALA COMO CIUDADANOS DE SEGUNDA
CLASE Y LES ARREBATA SU VOZ DEMOCRÁTICA AL NEGARLES UN GOBIERNO LOCAL PROPIO.
LOS SACA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
9 de cada 10 municipios andaluces
desaparecen de hecho. Los ayuntamientos menores de 20.000
habitantes (el 89% de los municipios andaluces) perderán sus competencias y
servicios que serán asumidos por las diputaciones. Al concentrar el poder en
las diputaciones se facilita la privatización de los servicios públicos.
El engaño de los sueldos. El PP pone como señuelo el “ahorro” en materia de sueldos, pero es una
falacia. En la actualidad la mayoría de los concejales y concejalas no cobra
nada. Además, la propuesta del PP no es la solución, establece que los alcaldes
y alcaldesas de las grandes ciudades cobren 100.000 euros al año, mientras que
en los pueblos pequeños (menos de 1.500 habitantes) no podrán cobrar nada.
No contiene ninguna medida para salir
de la crisis y generar empleo. Todo lo contrario, con esta reforma se
destruyen miles de puestos de trabajo en ayuntamientos y mancomunidades. La
propuesta del PP es un suma y sigue contra los ayuntamientos a los que ya ha
dejado sin recursos para el empleo:
o Con esta reforma se
abre la puerta al despido de 40.000 empleados públicos en Andalucía, 250.000 en
toda España. Además, elimina las competencias para fomento del empleo que
tenían hasta ahora los ayuntamientos,
o La derecha boicotea
sus oportunidades de crecimiento al recortar un 57% las partidas de las
políticas activas de empleo (400 millones menos) y esta decisión la toma en el
peor momento de la crisis y con el paro en cifras más que preocupantes.
o La Comunidad sólo recibirá el 8,8% de los fondos destinados a las políticas activas
de empleo. Las aportaciones que recibe Andalucía no cumplen con el Estatuto de
Autonomía y sufre el recorte más alto de los aplicados a todas las CCAA. El PP
vuelve a castigar nuevamente a los andaluces y las andaluzas.
Políticas para nuestros pueblos. La Junta de Andalucía cree en el municipalismo y en el mundo rural, para el que
ha diseñado políticas de impulso y desarrollo.
Sirvan como ejemplo, los siguientes programas:
o Plan de Acción Social para proteger a
los más necesitados. La Junta de Andalucía
incluye en sus próximos presupuestos una partida de 60 millones de euros para
un plan extraordinario de acción social destinado a paliar la situación de
emergencia que padecen los colectivos más perjudicados por la crisis y que
gestionarán los propios ayuntamientos.
o Programa de Fomento del Empleo Agrario
(PFEA, antiguo PER). La Junta de Andalucía ha
destinado 44,31 millones de euros a las ocho diputaciones provinciales. En 2010
el PFEA permitió la contratación de 97.173 trabajadores y la generación de 1,67
millones de jornales.
Desde que la Junta comenzó a financiarlo en 1986, el antiguo
Plan de Empleo Rural ha sumado inversiones de por valor de 3.803 millones de
euros (840 aportados por la
Junta de Andalucía y 270 por las diputaciones).
o Plan de Choque para el Empleo. El Gobierno andaluz destina 200 millones de euros a tres ámbitos
fundamentales en la activación de la economía en el medio rural: renovación del
Plan OLA (100M€), programa de mejora forestal y regeneración medioambiental y
rural (90M€) y ampliación del programa de Rehabilitación Autonómica del Plan
Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 (10M€). El Plan Ola, iniciado en 2011, ha dado hasta ahora
oportunidad de empleo a 3.500 personas.
o El compromiso de la Junta de Andalucía con los
ayuntamientos se ha vuelto a materializar en la actual situación de crisis. Mientras los recursos para gasto corriente o transferencias de
financiación a otras entidades se han reducido en más de un 10%, las
transferencias a los ayuntamientos han crecido un 275%, al pasar de 127
millones a 480 millones. Asimismo, la
Junta ha concedido anticipos a aquellos consistorios que los
han solicitado.
Frente al hachazo del PP, el
reconocimiento del PSOE. La reforma del Estatuto de Andalucía
afianzó una perspectiva más municipalista y descentralizadora.
Siguiendo estos principios el Gobierno andaluz
promulgo la Ley
de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (PATRICA), dos normativas pioneras que incidían directamente sobre
la financiación y la descentralización, reivindicaciones históricas del
municipalismo andaluz que ahora peligran.
Los y las socialistas instamos al Gobierno
central a abrir un debate en profundidad sobre la reforma de la Administración Local
y a afianzar un consenso político que dé pie a una ley sensata y realista.
o Rechazamos cualquier
reforma de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local que limite la
autonomía municipal y que pretenda restar capacidad de decisión a la ciudadanía
sobre la administración local y sus representantes y defendemos que la
necesaria reforma de la normativa debe seguir el camino abierto por las leyes
locales impulsadas por la Junta
de Andalucía.
o Defendemos nuestra
autonomía municipal como el más eficaz instrumento para hacer realidad el
principio de igualdad de oportunidades, al mismo nivel de importancia que las
otras administraciones públicas.
o Defendemos que la
nueva normativa garantice la financiación de las entidades locales y con ellas
la financiación de los servicios públicos esenciales que prestan como
instituciones más cercanas a la ciudadanía.
o Nos oponemos a la
propuesta del Gobierno central de fusionar, eliminar o suprimir entidades
locales autónomas, pequeños y medianos municipios o mancomunidades.
o Reclamamos una ley
fruto del consenso político, una reforma integral que no aleje a los
ayuntamientos de los ciudadanos y las ciudadanas.
