Se cumplen 32 años de vigencia de la Constitución Española. El PSOE expresa, una vez más, su público compromiso con los valores constitucionales, su respeto y decidido apoyo.
La Constitución española representa el lugar de encuentro de todos los que convivimos en España, el mínimo común ético para la paz social, el nexo que iguala, el marco de nuestros derechos y obligaciones, de los derechos y libertades fundamentales, de los mejores valores democráticos.
Así mismo, la Constitución supone el período más brillante, fecundo y duradero, desde el punto vista democrático, de la Historia de España.
En estos tiempos de crisis global, el PSOE afirma que la Constitución española contiene un pacto en torno a un modelo económico-social claramente incompatible con el modelo económico neoliberal basado en la absoluta desregulación, en el culto a la avaricia y a la especulación, y en la disminución o eliminación de lo público y de la política, causante de la mayor parte de la crisis de la economía mundial.
Por eso es preciso reafirmar ahora más que nunca nuestro modelo constitucional.
La Constitución española es una auténtica Constitución de Derechos.
Los Derechos y Libertades y los principios rectores de la política social y económica reconocidos en nuestra Carta Magna, constituyen la base de una lectura económica y social, activa y modernizadora de la Constitución Española y de una intervención de los poderes públicos, en la realización de los derechos sociales y económicos de los españoles.
Ya no estamos ante un sistema de libertades cuyo disfrute depende de la abstención del Estado. Estamos ante lo que se denomina acción promocional de los poderes públicos, definida en el artículo 9.2 de la Constitución Española al afirmar que: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Frente a las políticas abstencionistas y desreguladoras fracasadas, que la crisis global puso de manifiesto, consideramos que la dimensión social definida en la Constitución económica española y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, legitima la intervención de los poderes públicos, tanto en el ámbito español como en el de la Unión Europea.
Nuestra Constitución sitúa a la economía como una actividad dirigida al servicio del interés general, que no debe disociarse de la dignidad humana, la libertad, la solidaridad, la cohesión, la política social y la protección del medio ambiente.
El empleo y la lucha contra el paro son nuestro compromiso y nuestra prioridad, y un imperativo constitucional.
Nuestra Constitución proclama, en los Artículos 35 y 40 “el derecho y el deber al trabajo” y que, “los poderes públicos de manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo”. El Proyecto de Ley de Economía Sostenible y la Estrategia para el Crecimiento Económico Sostenible, así como las reformas emprendidas, sitúan al empleo como prioridad; pero además, se trata de lograr un nuevo tipo de empleo.
El Gobierno acaba de anunciar una nueva agenda social. El núcleo de dicha agenda, lo constituye el anuncio de una nueva Ley de Reforma de las Políticas Activas de Empleo.
Por eso hoy queremos hacer hincapié en la reforma de las políticas activas de empleo, pues sitúan a las personas desempleadas en el corazón de agenda política y social, para que pasen el menor tiempo posible en situación de desempleo, abriendo nuevas posibilidades de empleo en nuevos campos. Se trata de conjugar mejor la competencia normativa del Estado con la competencia de ejecución que está en manos de las Comunidades Autónomas, enlazando lo público y lo privado, en la intermediación en el mercado de trabajo. Se pretende mejorar la atención al desempleado, consiguiendo que tenga derecho a que el servicio público de empleo le realice un itinerario individual y personalizado de empleo, revisando en profundidad los actuales programas de empleo, procediendo a su reforma. Todo ello exige un esfuerzo de pacto, de entendimientos y de búsqueda de consensos entre el Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos.
En efecto, las recientes medidas sobre el Impuesto de Sociedades para empresas de reducida dimensión y la ampliación de empresas que se pueden acoger al tipo reducido del Impuesto de Sociedades; la agilización en la creación de empresas con reducción de plazos, costes y obstáculos; la regulación de las agencias privadas de colocación y el aumento de la plantilla de orientadores de los servicios públicos de empleo para el fomento de la inserción laboral, son actuaciones que están animadas desde la responsabilidad promocional que tienen los poderes públicos para remover los obstáculos y fomentar los derechos de los ciudadanos. En la misma perspectiva, nuestra Ley Fundamental dispone que “los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales”.
Hoy impulsar la formación es una obligación cívica no sólo para los que sufren el azote del paro, sino también para las generaciones futuras. Hemos de cualificarnos para estar en las mejores condiciones en la salida de la crisis, para que nuestra economía, en el momento de enfrentar la recuperación encuentre una mano de obra más cualificada, que haya mejorado su empleabilidad. La salida de la crisis no debe dejar a nadie atrás, atrapado en la descualificación y en bolsas de paro de larga duración. Por eso es fundamental, el anuncio que acaba de hacer el Gobierno de reformar del sistema de formación para los desempleados, incrementando lo más rápidamente posible sus niveles de eficacia.
En la recta final de esta legislatura seguimos teniendo ambiciones en la extensión de derechos y libertades.
Cada vez es más frecuente que se desarrollen y amplíen en Europa las leyes antidiscriminatorias. Se suele hablar de la necesidad de un derecho antidiscriminatorio, pues la discriminación es un fenómeno mutable. En nuestros días existen nuevas dimensiones de la discriminación.
Por todo ello, nos congratulamos del anuncio del Gobierno de remitir al Parlamento la Ley Integral de Igualdad o Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que será un nuevo avance.
En suma, cuando celebramos el 32 Aniversario de la Constitución española hemos de concluir que la acción promocional de los poderes públicos en la defensa de la dignidad, de la igualdad, y de las libertades y derechos fundamentales, supone, inexorablemente, una acción decidida de reformas para generar empleo, diseñar nuevas políticas activas de empleo, un mayor compromiso con la mejora del nivel de formación y eliminar las discriminaciones de cualquier tipo, desde la defensa de la igualdad como valor superior de la Constitución.
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