La reforma de la derecha atenta contra las competencias
autonómicas y ataca a la norma básica de Andalucía, nuestro Estatuto de
Autonomía
Colisiona directamente con dos leyes que son pioneras y
referente en materia de municipalismo: la de Autonomía Local de Andalucía
(LAULA) y la de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma
(PATRICA)
ASESTA UN GOLPE MORTAL A LA DEMOCRACIA MUNICIPAL.
Es una bomba a los cimientos de la arquitectura fundamental del Estado,
representada en los ayuntamientos. El 89,6% de los municipios andaluces se verá
afectado.
VERTICALIZA LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES. El
traspaso de competencias de los ayuntamientos a las diputaciones recentraliza
el poder.
PRIVATIZA LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES. Convierte
a nuestros municipios en urbanizaciones, en lugares en los que habitar, pero
sin derechos ni servicios. Sustituye la rentabilidad social por la económica.
EMPOBRECE LA
CALIDAD DE VIDA de la ciudadanía al disminuir la
capacidad de dar respuesta a sus necesidades. Además, abre una brecha entre el
medio rural y el urbano creando ciudadanos y ciudadanas de primera y de
segunda.
HACE CAJA CON EL BIENESTAR. La derecha usa una vez más
el pretexto del ahorro y el control del déficit para imponer ideología y hacer
caja. Es una ley pensada para que los donantes del PP reciban su premio:
negocios millonarios.
PONDRÁ EN LA
CALLE A 40.000 TRABAJADORES ANDALUCES. El cierre de las
entidades públicas aumentará el desempleo, dejando en la calle a 250.000
trabajadores públicos en toda España, 50.000 de ellos del sector de los
servicios sociales.
Encargará un INFORME JURÍDICO sobre su posible
inconstitucionalidad.
El consejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales solicitará comparecer en septiembre en el PARLAMENTO de
Andalucía.
Solicitará por carta la opinión de la FAMP. Es inaudito que la FAMP permanezca en silencio ante este grave
ataque contra los ayuntamientos.
Presentará ALEGACIONES al texto legislativo aprobado en
el Consejo de Ministros sin consenso ni diálogo. Elevará además una PETICIÓN
AL SENADO para que las comunidades autónomas sean escuchadas.
Pedirá que se convoque una reunión de la CONFERENCIA SECTORIAL
en materia local.
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