DECLARACIÓN DE FERNANDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS A CANAL SUR

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE SEVILLA CALIFICA DE MANIOBRA DE DISTRACCIÓN LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS A PROVEEDORES DE  LOS AYUNTAMIENTOS

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha calificado de” maniobra de distracción” las propuestas avanzadas por el gobierno  y ha  expresado “sus dudas y el verdadero objetivo del proyecto de ley orgánica y real decreto ley para posibilitar la creación de un mecanismo de financiación a entidades locales para el pago a proveedores·.

Para Villalobos” todo parece indicar que estamos ante una nueva tomadura de pelo del gobierno y unas medidas que no aportaran una solución, que beneficie a los ayuntamientos”.

En este sentido para el presidente de la Diputación “lo más importante es conocer cuál es el mecanismo de financiación que propone el Gobierno para dar cumplimiento al objetivo de pagar deudas pendientes. Sin embargo de ello nada se dice, ya que literalmente se limita a aplazar esa definición a las próximas semanas ¿Cuántas, una, dos, tal vez después  del 25 de marzo?”

“Por otra parte-sigue declarando Villalobos- el gobierno dice que cuando definan el mecanismo de financiación, los Ayuntamientos podrán acogerse a él. ¿Quiere decir esto que será voluntario?. Si es así, ¿qué sentido tiene establecer como obligación a todos los Ayuntamiento la inclusión de todas las deudas y la comunicación de las mismas al Ministerio, llegando incluso a tipificar como falta muy grave el incumplimiento de los funcionarios en caso de no incluir todas las deudas?”.

LAS EXCUSAS

            Para el presidente de la Diputación de Sevilla “todo apunta a suponer, que con independencia de que los  Ayuntamientos se acoja o no a ese nuevo  mecanismo de financiación, que estamos deseando conocer, el Ministerio pretende saber, de forma coercitiva sobre los funcionarios, cual es la deuda total pendiente de los Ayuntamientos, los que me lleva a sospechar que si lo que quieren  con ello no es tener una nueva excusa para poner de manifiesto la mala y catastrófica situación que dicen haber heredado, y utilizar este argumento nuevamente para justificar la batería de recortes que se avecina, que ya tienen preparada, y que sólo están retrasando”.

            Para Villalobos la prueba de ello es que “el plazo que se establece para que los Ayuntamientos comuniquen sus deudas es, casualmente, hasta el 15 de marzo, lo que de nuevo me lleva a  suponer  que lo analizarán y difundirán ampliamente en los medios de comunicación entre el 16 y 25 de marzo .Es decir, durante días claves de una campaña electoral, en los que por una parte abrirán las expectativas de cobro a muchos proveedores y por otra parte, pondrán de manifiesto la, a juicio de los populares, nefasta gestión realizada antes de llegar el PP al gobierno, ya que las facturas que se podrán cobrar son solo las anteriores al 1 de enero de 2012 y ellos llegaron a finales de diciembre, otra nueva  casualidad”.

En el análisis, que el presidente de la Diputación de Sevilla realiza de lo anunciado por el gobierno,  Rodríguez Villalobos afirma que “todo parece apuntar a que el nuevo mecanismo de financiación se traducirá en una operación de crédito sobre los Ayuntamientos deudores, ya que incluso llegan a decir que éstos abonarán sus obligaciones mediante una operación de endeudamiento con plazo suficiente. En definitiva, los Ayuntamientos lo único que van a cambiar es el nombre de sus deudas, es decir, ahora se llaman deudas a proveedores y después se llamarán deudas bancarias”.

PELIGROSOS INTERROGANTES

Esta previsible situación- convertir deuda a proveedores en deuda bancaria- supone, a juicio de Villalobos  “abrir  nuevos y peligrosos interrogantes para el futuro de los Ayuntamientos, ya que  ¿Cómo van a acogerse los Ayuntamientos a una nueva operación de crédito a largo plazo, si hasta ahora, por imperativo legal, no se pueden pedir préstamos para pagos de gasto corriente, y la mayoría de estas deudas los son? Pero es que además las operaciones de créditos para los Ayuntamientos están, también por imperativo legal, limitadas a un límite de endeudamiento, el 75%, junto con el cumplimiento de otros requisitos como ahorro neto positivo, etc…Lo quiere decir que la mayoría de los Ayuntamientos tendrán una imposibilidad legal para acogerse, porque si no fuera por estas limitaciones ya lo habrían hecho. ¿O es que parten de la consideración de que los Ayuntamientos no pagan porque no quieren o son unos irresponsables?”.

Para el responsable provincial el colmo de los despropósitos de lo anticipado por el gobierno, y que puede llevar a un problema muy grave a los ayuntamientos, es que “la última modificación en relación al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria ha llegado a consagrar en la Constitución, en su artículo 135.3, que los pagos de intereses y capital de la deuda pública gozarán de prioridad absoluta. Por lo tanto, en aplicación de este precepto, toda la deuda que se convierta en bancaria será prioritaria sobre otros pagos, como por ejemplo los de las nóminas de los trabajadores”.

Por tanto para  Rodríguez Villalobos “si se sigue en este orden de prioridades, si los Ayuntamientos se acogen a esta modalidad, o incluso si se le impone por parte del Estado, ya que los proveedores pueden exigirle al Ayuntamiento su inclusión en los listados que deben mandar al Ministerio, tendrán que reajustar sus gastos para hacer frente de forma prioritaria al pago de los bancos. Es decir, tendrán que reducir sus gastos,  incluidos los de personal, lo que llegaría a poner en riesgo la prestación de servicios públicos básicos. En definitiva, menos empleo público y menos servicios a los ciudadanos a favor de más recursos a las empresas privada”.

Por todo ello el presidente de la Diputación de Sevilla asegura que “el Partido Popular vuelve a mentir porque llegó al gobierno asegurando que su prioridad era la creación de empleo y estas medidas conducen a lo contrario y, las medidas atisbadas- a menos que se corrijan- no beneficiaran a los ayuntamientos ni a los proveedores.

Sobre las posibles bondades que las medidas tendrán sobre los ayuntamientos el responsable provincial sigue expresando sus dudas ya que  “como es de suponer, la devolución de las deudas a los bancos, conllevará, como es lógico, un pago de intereses y, aunque no se sabe cuanto, lo que es incuestionable es que  sólo por transformar la deuda de proveedores en deuda bancaria la medida supondrá  mayores costes para los Ayuntamientos: lo que ya deben,  más los intereses, por lo que está  claro que en este complicado artificio financiero sólo ganan los bancos”.

Por último Fernando Rodríguez Villalobos pide al Gobierno de la Nación “que no engañen a los proveedores, porque o mucho me equivoco, o sencillamente lo único que esta medida va a provocar es transferir los  intereses de demora que por derecho le corresponde a los proveedores al sistema bancario, en la que hasta ahora es la última maniobra de distracción de cara a las elecciones andaluzas, ya que si ellos mismos consideraran la medida objetivamente buena, es obvio que la presentarían antes”.