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viernes, 24 de febrero de 2012

El PSOE recurrirá la reforma laboral ante el Constitucional

El PSOE recurrirá la reforma laboral ante el Constitucional si no hay cambios.

Los socialistas creen que la reforma laboral del Gobierno vulnera claramente la Carta Magna en la posibilidad de que los empresarios bajen unilateralmente los sueldos y la ampliación a un año del periodo de prueba

Los socialistas creen que la reforma laboral vulnera claramente la Constitución al menos en dos aspectos, la posibilidad que se da a los empresarios de bajar unilateralmente los sueldos y la ampliación a un año del periodo de prueba en los nuevos contratos e formación.

Esto último, según los socialistas, supone abrir la puerta al despido libre a los trabajadores que lleven un año contratados.
El PSOE está decidido a presentar el recurso ante en Tribunal Constitucional si el Gobierno no modifica estos aspectos. La decisión se ha tomado en una reunión en la sede del PSOE en Madrid presidida por Alfredo Pérez Rubalcaba.
La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, lo ha anunciado después de la reunión del PSOE para analizar la reforma laboral. Rodríguez ha señalado que "hay causa jurídica suficiente y clara vulneración de la Constitución, y si el Gobierno no procediera a la retirada del decreto legislativo el PSOE estaría a las puertas del Constitucional con un recurso".
En concreto, el PSOE considera que el nuevo contrato para emprendedores, que dispone un plazo de prueba de un año, tras el cuál se puede no renovar al trabajador sin pagar ninguna indemnización es claramente inconstitucional, ya que supone en la práctica establecer "el despido libre" sin alegar una "causa justa".
Además, ha indicado que la reforma laboral da libertad al empresario para cambiar las condiciones de trabajo de los empleados, fundamentalmente la cuantía salarial, aunque estas condiciones no pueden modificarse de forma colectiva, según el PSOE.
Por otro lado, ha asegurado que la reforma vulnera la "tutela judicial efectiva" y que la reforma impone un arbitraje obligatorio cuando las partes no lleguen a un acuerdo para proceder a los descuelgues de lo pactado en los convenios, a pesar de que el Constitucional ya se ha manifestado con anterioridad diciendo que un arbitraje obligatorio es inconstitucional.

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