Las cuentas de
Andalucía.
Andalucía ha reducido su déficit en 2.108 millones de euros
respecto a 2011, lo que supone un 1,44 % de nuestro PIB. En contra de lo
argumentado por el ministro Montoro, Andalucía sí ha ejercido su
responsabilidad y realizado un esfuerzo sin precedentes, y todo ello sin
privatizar los servicios públicos esenciales (especialmente los sistemas de
educación, salud y dependencia) ni recurrir a los despidos masivos de empleados
públicos. Andalucía es consciente de que las obligaciones contables y financieras son
importantes, pero también de que lo son más las que tiene con las necesidades
de los andaluces. Así, la Junta
es ejemplo de que una gestión presupuestaria eficaz y responsable es posible.
La obsesión por la desviación del déficit no puede ser excusa para hipotecar el
Estado del Bienestar.
“El ministro Montoro está haciendo una lectura
interesada sobre el déficit para volcar sobre las CCAA una responsabilidad que
en el caso de Andalucía es exclusiva del Gobierno de España, que debería
computar en el debe de Mariano Rajoy y no el haber de Pepe Griñán” (Mario
Jiménez).
Compromiso con la
estabilidad presupuestaria. Andalucía continúa con su trayectoria de rigor y su
compromiso con la estabilidad presupuestaria, demostrado desde el inicio de la
crisis. Somos la región con menor déficit por habitante: un 12% inferior a la
media del resto de las CCAA. Además, Andalucía ha llevado a cabo en un año un
ajuste de más del doble del ritmo de reducción del déficit que toma como
referencia la UE ,
establecido en el 0,5 % del PIB.
La deuda por
habitante de Andalucía es de 2.195 euros la más baja de las CCAA de régimen
común, cuya media es de 3.562 euros.
El déficit por
habitante se situó en 2011 un 25 % por debajo de la media de las CCAAA
Manteniendo el
esfuerzo inversor en el 2,4 % del PIB en 2012, por encima de la media de las
CCAA.
Una financiación
desequilibrada. Andalucía ha logrado situarse en estos parámetros a pesar del
continuo saboteo del Gobierno central contra la autonomía y capacidad de
decisión de la Comunidad.
A pesar del trato discriminatorio dispensado a Andalucía y
reflejado en:
No se fija el
objetivo de déficit en función de la población, sino del PIB. Esto perjudica a
Andalucía y beneficia a las CCAA de mayor renta.
No se reparte el
objetivo de déficit de forma equilibrada entre el Estado y las CCAA, a pesar de
que estas asumen más de la mitad del gasto público.
Se está aplicando
el modelo de financiación de forma incorrecta, lo que está perjudicando a
Andalucía restándonos 800 millones de euros.
No se han
compartido los márgenes de flexibilidad de reducción del déficit que otorgó la UE entre Estado y CCAA.
No se han
liquidado las obligaciones pendientes con Andalucía, como los 1.504 millones de
euros de la
Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía.
No se ha
compartido con las CCAA la recaudación correspondiente a las subidas de
impuestos como el IVA.
“Si se le permitiera desarrollar la subasta de
medicamentos sin recurrirla por tercera vez al Tribunal Constitucional, se le
permitiera recuperar la recaudación del impuesto sobre depósitos bancarios, se
le permitiera obtener la financiación comprometida en el sistema de
financiación autonómica y se le acreditara lo que se le debe en el Fondo de
Competitividad, Andalucía no sólo cumpliría en este escenario del 1,5%, sino
que terminaríamos 2013 en equilibrio de cuentas" (Mario Jiménez).
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