En 14 meses, las mujeres españolas han
sido devueltas a la España
del NODO, colocadas a una velocidad meteórica en la casilla de salida. El 8 de
marzo del año pasado advertíamos sobre el recorte en derechos que sufrirían con
la llegada del PP al Gobierno central. Este año 2013 constatamos los enormes
retrocesos a los que han sido sometidas en nombre de una crisis económica que
no puede ser tomada por excusa comodín para barrer con derechos y libertades de
toda índole. Para dilapidar la herencia de igualdad y equidad conquistada
gracias no sólo al trabajo de los gobiernos socialistas, sino sobre todo
gracias a una sociedad que se modernizó para dejar de entender a sus mujeres como
ciudadanas y trabajadoras de segunda; gracias a la labor continuada de las
organizaciones feministas, la izquierda política y, sobre todo, de las propias
mujeres.
En estos 14 meses, mientras la derecha
blandía la doctrina ideológica del sacrificio y la austeridad, las y los
socialistas andaluces hemos demostrado que otra forma de Gobierno siempre es
posible. Que frente a la mayor agresión perpetrada en democracia contra la
igualdad de oportunidades, las y los socialistas gobernamos para afianzar y avanzar,
nunca para retroceder.
En estos 14 meses, las tasas de desempleo femenino y la brecha
salarial de género han crecido espectacularmente por efecto directo de las
políticas ‘inactivas’ de empleo del Gobierno del PP. Como efecto de una reforma
laboral que convierte en ciencia ficción el derecho a la conciliación de la
vida familiar y laboral que tanto costó inculcar a la España del siglo XX, que se
ceba especialmente
con las trabajadoras al secuestrarle derechos y desmantelar en paralelo el sistema
de atención a niñas y niños, a personas dependientes y mayores. Pero esta
reforma también ha tenido de frente al PSOE y a Andalucía, donde hemos dicho
alto y claro NO; donde demostramos que hay alternativas reales destinando 13
millones de euros a fomentar la empleabilidad de nuestras trabajadoras y crear
dispositivos específicos para emprendedoras, pequeñas empresarias, jóvenes o
mujeres en riesgo de exclusión social.
La caída como
fichas de dominó de los programas articulados por el Gobierno central en
educación, salud o atención a la dependencia contrasta con el firme compromiso
de Andalucía. La eliminación de los servicios públicos esenciales enmarcados en
el Estado del Bienestar y el incumplimiento de la Ley de Dependencia las ha
castigado doblemente: como trabajadoras mayoritarias del sector y como usuarias
y depositarias, todavía en este siglo XXI, del rol en exclusiva de cuidadoras.
Frente a la asfixia económica con Marca PP, Andalucía ha hecho un esfuerzo por
no desproteger a las andaluzas y sus familias. Andalucía ni cierra ni privatiza
servicios y aporta más de 1.000 millones de euros para seguir sosteniendo el
sistema andaluz de dependencia.
Frente al
tijeretazo practicado por las comunidades de la derecha en Educación Infantil y
en los planes de conciliación, Andalucía ha mantenido el 100% de su oferta con
100.000 plazas en guarderías y destinado 73 millones de euros a los planes de
apertura de centro y apoyo a las familias. Frente a la vergonzosa cultura del
‘tupper’ de pago, Andalucía ha respetado el precio de los menús escolares y las
bonificaciones a las familias. Frente a la doctrina única del ministro Wert en
colegios e institutos, Andalucía ha recuperado el espíritu con el que nació la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía y los contenidos relativos a los distintos modelos
de familia o la igualdad de género. Frente a la defensa de la educación
segregada de niñas y niños sostenida con fondos públicos, Andalucía ha vuelto a
dar un paso en defensa de la
Constitución.
Esta lista de
recortes se amplía con la modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria
del Embarazo, que pretende volver a tutelarnos e infantilizarnos. O con la ley
de tasas judiciales, que discriminará el acceso a la justicia y hurtará a
muchas mujeres la posibilidad de acudir a ella incluso en situación de
violencia de género. Medidas que se suman a la reducción de presupuestos y
herramientas para combatir esta violencia; el peor horizonte posible para las
víctimas y sus hijas e hijos, para un país pionero en la lucha contra esta
lacra gracias a las iniciativas de cuño socialista. Un escenario de abandono y
maltrato institucional ante el que Andalucía, una vez más, se rebela y se
convierte en referente al incrementar las partidas destinadas a esta materia.
Esta Comunidad, además, sigue creyendo en el Instituto Andaluz de la Mujer como instrumento
central de una política transversal e integral frente al estrangulamiento
económico de su homólogo nacional o el vaciado de competencias del de
Castilla-La Mancha.
En definitiva, el
empeño del PP no es más que uno: expulsar a las mujeres del espacio público
conquistado en igualdad. Frente a esta traición, el empeño de las socialistas
andaluzas y los socialistas andaluces también es sólo uno: seguir trabajando
por la igualdad, sin condiciones. Porque creemos que es uno de los pilares de
nuestra democracia, porque estamos comprometid@s con un modelo social que sólo
entiende de justicia y equidad. Por ello, este 8 de marzo reclamamos:
La derogación de la Reforma Laboral.
El desarrollo de
un Plan de Empleo para las mujeres que incluya políticas activas específicas,
la promoción del autoempleo y un Plan de Igualdad que contribuya a eliminar la
desigualdad salarial.
El mantenimiento
de los derechos recogidos en la
Ley de Dependencia.
La promoción de
políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar y el
cumplimiento de la Ley
para la Igualdad
Efectiva.
El mantenimiento
de la Ley actual
de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El impulso de
políticas y servicios de prevención de la violencia de género y de apoyo a las
víctimas: mujeres, niñas y niños.
La derogación de la Ley de Tasas Judiciales.
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