El
Gobierno del PP, presidido por Rajoy, sigue aprobando leyes en contra
de todos y que hacen daño a los ciudadanos.
Y en el caso de la
administración local, el Gobierno se ha superado en autoritarismo y soledad
política, porque el proyecto de Ley de Reforma Local tiene en
contra hasta a los propios alcaldes del PP y hace caso omiso de las
recomendaciones del Consejo de Estado que emitió un crítico y duro informe sobre este proyecto de
Ley.
EL
GOBIERNO DESPOJA DE COMPETENCIAS AL 95% DE LOS AYUNTAMIENTOS
(LOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES) Y ABRE LA
PUERTA A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
No clarifica competencias
No evita duplicidades
No simplifica la estructura
de la administración local
No resuelve los problemas
de financiación que tienen los ayuntamientos.
Establece despojar de competencias a los ayuntamientos con menos
de 20.000 habitantes (el 95% del total) para que pase a ser la Diputación provincial la que
decida y coordine la prestación de servicios públicos como :
El abastecimiento domiciliario de
agua potable.
La recogida de basuras
La limpieza viaria.
El acceso a los núcleos de
población
La pavimentación de las
vías
Y el tratamiento de
residuos.
Será también la Diputación la que decida si presta ella misma esos
servicios o establece una gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades
u otras fórmulas, dejando así la puerta abierta a su
privatización.
Todo lo cual provocará la pérdida de miles
de empleos públicos
ESTA LEY NO SOLUCIONA NINGUNA DE LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LO ÚNICO HACE ES DAÑO
DAÑO A LOS
CIUDADANOS que van a ser los que más pierdan con esta
Ley, porque tendrán servicios más caros y menos eficientes.
DAÑO A LA
AUTONOMÍA LOCAL
DAÑO A LA
VIDA DEMOCRÁTICA municipal porque quita a los alcaldes y concejales,
elegidos por los ciudadanos, la capacidad de decidir sobre servicios
públicos esenciales que deja en manos de las Diputaciones.
POR TANTO
La
reforma impuesta por el Gobierno establece también que, en el
plazo de 1 año la titularidad de las competencias que eran propias de los municipios
en lo relativo a la prestación de servicios sociales y de promoción y
reinserción social pasarán a corresponder a las Comunidades Autónomas.
Pero se añade, además, que “podrán
establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para
la racionalización del servicio”. Y ya
sabemos que el PP cuando lee racionalización del servicio, lo traduce en
recortes sociales y/o privatización, como sucede en Madrid.
Es este,
por tanto, un peligroso cheque en blanco que introduce la reforma y que
preocupa mucho a los socialistas.
Lo han
hecho con la Ley de reforma Laboral, lo están haciendo con leyes
tan fundamentales como la Ley de reforma de la Educación y ahora también
con la Ley de Administración Local, en contra no ya sólo de todos los grupos de
la oposición, sino de sus propios alcaldes e incluso del informe de recomendaciones
del Consejo de Estado
Desde el principio, el PSOE se
opuso al regresivo modelo municipal
que pretendía imponer el PP, porque constituía un ataque frontal a la
autonomía local garantizada por la Constitución y porque pretendía
privatizar los servicios públicos municipales
También lo hicieron el resto
de los grupos de la oposición
Pero es que, incluso los
propios Alcaldes del PP se han venido posicionando públicamente en contra
de esta Ley.
Todos los
medios de comunicación calificaron de VARAPALO el dictamen del Consejo de
Estado sobre
el Anteproyecto de Ley del Gobierno.
El Consejo le dice al
Gobierno en su informe que no justifica el ahorro que dice que se va a
producir con los cambios de estructura y que tampoco se acredita que la prestación de servicios
por la Diputación Provincial vaya a realizarse con menor coste del que tiene
ahora prestándose por el ayuntamiento
Por todo ello, el
Consejo de Estado le dice al Gobierno que revise en profundidad el texto, para darle la
coherencia y el rigor del que carece en lo referente a las competencias y a la racionalización de la estructura organizativa local
EL
GOBIERNO SE EMPECINA EN IMPONER UNA LEY QUE TODOS RECHAZAN UN PELIGROSO Y
PREOCUPANTE CHEQUE EN BLANCO
Pero en
lugar de repensar el texto –como le sugería el Consejo de
Estado- y hacerlo de forma conjunta con el mundo local para lograr soluciones
ajustadas a la Constitución y a la realidad del país, el Gobierno ha
decidido seguir adelante en un proyecto deslavazado que no soluciona nada, pero
que –como se ha explicado- hace mucho daño.
EN
MATERIA DE COMPETENCIAS
El texto del Gobierno carece
de una lista cerrada y clara que determine competencias. Además
no se ha actualizado. De forma que contiene paradojas tales como establecer que
en los municipios de más de 5.000 es obligatorio tener mercado municipal, cuando esta referencia hoy no tiene ya ningún sentido, pero sin embargo no se incluye el que en cualquier municipio
haya un acceso a internet que es
lo que ahora según la UE es un servicio público universal.
Deja sin definir las competencias
municipales que siguen de estando compartidas con las Comunidades Autónomas y
continuarán dependiendo de lo que estas decidan. Con la
excepción ya mencionada de LOS SERVICIOS SOCIALES y con una
redacción que posibilita su privatización.
Esta Ley es, además, una
bomba de relojería en cuanto a unidad de mercado, porque
la Comunidad Autónoma puede delegar o no en los ayuntamientos competencias como
la vigilancia y control de la contaminación ambiental, la promoción del empleo
y de la creación de empresas., la inspección y sanción de establecimientos y
actividades comerciales, la comunicación, autorización, inspección y sanción de
los espectáculos públicos o la liquidación y recaudación de tributos propios de
la Comunidad Autónoma o del Estado.
EN CUANTO
A LA ESTRUCTURA
No solo no se simplifica la actual
estructura local (municipios, mancomunidades, Diputaciones Provinciales,
consorcios, comarcas), sino que LA HACE AÚN MÁS GRANDE Y
COMPLEJA.
Como se ha dicho en la primara
página, la reforma del Gobierno, desoyendo los mandatos constitucionales,
establece que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será
la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la
prestación de servicios tan esenciales como el abastecimiento de agua, la
recogida de basuras o la gestión de residuos.
La
pregunta es : si quien determina cómo se presta servicio es quien no es elegido
por los ciudadanos, ¿de qué sirven las elecciones municipales?.
El PSOE pide
al Gobierno la retirada de este proyecto de Ley:
Porque no
sirve para dar solución ni responder a los retos que tiene
planteados la Administración Local
Y porque lo único que va a
traer la IMPOSICIÓN de esta Ley es daño para el mundo local y para
los ciudadanos que van a ver cómo el Gobierno abre la posibilidad
de privatizar, entre otros, los servicios sociales
Algo a lo que el PSOE SE HA OPUESTO Y SEGUIRÁ OPONIÉNDOSE SIEMPRE
Pero los
socialistas no se limitan a pedirle al Gobierno que retire este Proyecto de Ley
Le
piden que hagan otro –no impuesto sino acordado- y que dé una respuesta eficaz a las
necesidades reales del mundo local:
EL PSOE
PIDE AL GOBIERNO QUE RETIRE SU PROYECTO
Clara delimitación de sus competencias
y la financiación necesaria para prestar todos los servicios que de ellas
se deriven
Y una estructura y un modelo
de organización, acorde con el siglo XXI, que aporte
eficacia y ahorre costes.
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